Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes una reforma constitucional que permite la cadena perpetua, una medida impulsada por el presidente Nayib Bukele que modifica el artículo 27 de la Carta Magna que antes prohibía expresamente este tipo de condena. La iniciativa fue respaldada por 61 diputados, incluyendo 59 del oficialista Nuevas Ideas y sus aliados, más dos legisladores de oposición, en medio del régimen de excepción vigente desde hace cuatro años.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la reforma calificando las acciones del gobierno como “irreversibles” en la lucha contra la criminalidad. Sin embargo, no especificó si la modificación constitucional requiere aún otros trámites para entrar en vigor o si aplica de manera inmediata.
La aprobación se produce en un contexto de creciente tensión internacional. Un informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES) ha vinculado las políticas de seguridad del gobierno salvadoreño con posibles crímenes de lesa humanidad durante el régimen de excepción, que ha permitido la detención de más de 70,000 presuntos pandilleros.
Bukele, quien mantiene altos niveles de popularidad interna por su mano dura contra las pandillas, ha justificado la medida como necesaria para combatir la violencia que por décadas ha afectado al país centroamericano. “Estamos tomando las decisiones difíciles que otros gobiernos no se atrevieron a tomar”, declaró el mandatario tras conocerse la aprobación legislativa.
Organizaciones de derechos humanos han alertado que la cadena perpetua podría aplicarse de manera selectiva contra opositores políticos y disidentes, en un país donde el espacio democrático se ha visto reducido significativamente durante la administración de Bukele.
La reforma constitucional representa un giro radical en el sistema penal salvadoreño, que tradicionalmente había establecido límites máximos de condena. Expertos jurídicos anticipan desafíos legales tanto a nivel nacional como internacional, particularmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El debate sobre la cadena perpetua en El Salvador se enmarca en una polarización regional entre enfoques de seguridad basados en derechos humanos y políticas de mano dura, con Bukele como principal exponente de esta última tendencia en América Latina.
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