Por Luis Martínez Alcántara
La reciente muerte de Érika Quintero Picón, una joven de 23 años originaria de León, Guanajuato, conmocionó al país al convertirse en el quinto caso de suicidio en el penal federal de Morelos en lo que va del año.
Érika fue encontrada sin vida el 3 de noviembre, tras ahorcarse en su celda. Este trágico evento resalta la grave crisis de salud mental y las condiciones inhumanas que enfrentan las internas en este centro penitenciario, conocido como un “cementerio para vivas” debido a la alarmante tasa de suicidios y muertes.
Antes de Érika, otros cuatro casos habían sacudido a la comunidad. Samantha, de 41 años, murió el 20 de junio tras haber solicitado atención médica por problemas de salud mental. A pesar de sus esfuerzos por recibir tratamiento psiquiátrico, las autoridades no respondieron adecuadamente a sus necesidades, lo que culminó en su trágico desenlace. Yadira, otra interna de 42 años, también falleció el 29 de mayo después de no lograr ser trasladada a otro penal, a pesar de haberlo solicitado repetidamente.
El caso más reciente antes de Érika fue el de Giovanna, conocida como Sherlyn, quien se quitó la vida el 18 de agosto. Ella había expresado su angustia por la falta de comunicación con sus hijos y su deseo desesperado de ser trasladada a un lugar donde pudiera mantener contacto con su familia. Su muerte se produjo después de múltiples solicitudes sin respuesta para cambiar su situación dentro del penal.
La situación en el penal ha llevado a organizaciones de derechos humanos y al Instituto Federal de Defensoría Pública a exigir medidas urgentes para mejorar las condiciones. Desde 2023, han presentado numerosas peticiones y amparos para garantizar atención médica adecuada a las internas, pero la respuesta institucional ha sido insuficiente. Las autoridades han sido criticadas por su falta de acción ante esta crisis humanitaria que afecta a mujeres vulnerables.
