La semana anterior, en una protesta pacífica, los denunciantes fueron intimidados por supuestos integrantes del entorno de Cacho Silva. La secretaria no ha repudiado los actos ni brindado protección a quienes demandan justicia.
El derecho a la manifestación pacífica es fundamental en cualquier democracia. Sin embargo, quienes ejercieron ese derecho frente a las instalaciones de SEDATU se enfrentaron a intimidaciones, amenazas y la presencia de individuos identificados como cercanos a Alonso Cacho Silva.
Hasta el momento, Edna Elena Vega Rangel no ha dado ninguna declaración sobre estos incidentes. No ha rechazado las intimidaciones, no ha asegurado la protección de los manifestantes, no ha iniciado una investigación interna para identificar a los responsables.
La pregunta es inevitable: ¿Cree la secretaria que es aceptable que quienes denuncian a su superior sean intimidados? ¿Considera que el silencio institucional beneficia a alguien?
La responsabilidad de garantizar un ambiente seguro para las denuncias no es abstracta: recae en ella, como la máxima autoridad de la dependencia. Su falta de respuesta la hace culpable de lo que ocurre en su jurisdicción.
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