Torreón, 27 de marzo de 2026.- Víctimas de un presunto fraude inmobiliario se manifestaron frente a las instalaciones de la Delegación Regional I de la Fiscalía General del Estado (FGE) en esta ciudad para exigir celeridad y justicia, en medio de versiones contradictorias sobre el avance real de las investigaciones. El grupo, que inicialmente agrupaba a 27 personas, bloqueó parcialmente la circulación en las inmediaciones del edificio gubernamental para demandar acciones concretas contra los implicados en el caso conocido como el ‘Cártel Inmobiliario’.
Carlos Rangel, delegado regional de la FGE, informó que hasta el momento se han presentado 60 denuncias formales y se han girado 12 órdenes de aprehensión contra presuntos involucrados. El funcionario detalló que se ha establecido una estrategia de atención directa con más de 20 sesiones de trabajo, reportando la detención de dos mujeres y la reaprehensión de otra persona, además de señalar que la mayoría de las carpetas de investigación ya están integradas y judicializadas.
No obstante, los afectados discrepan con la versión oficial. Alfonso Serrano, uno de los manifestantes, acusó al fiscal general Federico Fernández Montañez de negarles atención adecuada, citando como ejemplo convocatorias a las 9:00 horas que se atendieron hasta las 19:00 horas, así como la falta de respuesta a llamadas telefónicas. Serrano sostuvo que las órdenes de aprehensión carecen de utilidad si no se ejecutan y denunció que, de las 60 denuncias presentadas, solo dos casos han sido realmente judicializados.
Según reportes periodísticos, entre los principales actores señalados se encuentra el exnotario Fernando Nicolás Muñoz Sanjuan, quien presuntamente huyó a España para evitar la acción de la justicia. Las víctimas también cuestionan la actuación de la autoridad al señalar que uno de los implicados ha sido detenido y liberado en tres ocasiones, lo que califican como una muestra de tortuguismo e inoperancia por parte de la institución encargada de impartir justicia en la región.
El daño patrimonial reportado por las víctimas asciende a cerca de 19 millones de pesos. Mientras la Fiscalía mantiene que los acuerdos reparatorios son mecanismos legales válidos cuando la víctima los acepta, los manifestantes continúan exigiendo la localización de los fugitivos y la ejecución efectiva de las órdenes de captura pendientes para recuperar sus patrimonios y cerrar las carpetas de investigación.
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