Por Redacción
Ciudad de Mexico, 21 de marzo de 2026.- Familiares de trabajadores y campesinos, junto con integrantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua, se manifestaron para exigir la liberación de personas detenidas tras un operativo de seguridad derivado de una protesta frente a la empresa Sotomex. Los manifestantes denuncian que las detenciones responden a la criminalización de la protesta social, originada inicialmente por el despido sin indemnización ni prestaciones de cuatro empleados.
De acuerdo con las listas manejadas por el Frente Unido de Pueblos y reportadas por los familiares presentes, al menos 30 personas figuran como desaparecidas o detenidas. Esta cifra contrasta con la información de algunos artículos que mencionan más de una veintena de detenciones, existiendo una discrepancia en los números reportados por las fuentes sociales ante la falta de cifras oficiales exactas por parte de las autoridades.
La protesta original fue un plantón pacífico frente a las instalaciones de la empresa Sotomex, donde los trabajadores reclamaban sus derechos laborales. Sin embargo, la intervención de fuerzas de seguridad derivó en la captura de varios participantes. Familiares de los detenidos acusan al gobierno estatal de utilizar la fuerza pública para reprimir la movilización social en lugar de atender las demandas laborales.
Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad específica ni el número preciso de las personas retenidas, ni tampoco se han difundido las causas formales de las detenciones por parte de las autoridades judiciales o estatales. Asimismo, se desconoce la ubicación exacta dentro de Durango a donde fueron trasladados algunos de los detenidos, lo que ha incrementado la angustia entre sus allegados.
La falta de nombres completos de los líderes o portavoces del Frente que encabezan la denuncia, así como la ausencia de una respuesta oficial del gobierno estatal, mantiene la incertidumbre sobre el estatus legal de los detenidos. La situación refleja una tensión entre los sectores sociales que defienden el territorio y el agua, y las autoridades encargadas del orden público en la región laguna.