Lázaro Cárdenas, 26 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que el caso del asesinato de dos profesoras en la Preparatoria Antón Makarenko se procesará bajo el sistema de justicia para adolescentes, descartando por el momento la solicitud de juzgar al agresor como adulto. Carlos Torres Piña, fiscal estatal, detalló que buscará condenar a Osmar “N”, de 15 años, por los delitos de feminicidio, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de cartuchos del mismo tipo.
El funcionario reconoció que el rifle AR-15 utilizado en el ataque del 24 de marzo es ilegal y carece de registro, indicando que ingresó al país de manera ilícita. Aunque la pena máxima para un adulto por feminicidio podría alcanzar los 50 años de prisión, la normativa actual para menores de esa edad limita la sanción a un internamiento máximo de tres años, con un enfoque prioritario en la rehabilitación sobre el castigo punitivo.
Ante esta determinación legal, familiares de las víctimas Tatiana Madrigal Bedolla y María del Rosario Sagrero Chávez han exigido públicamente que el adolescente sea juzgado como adulto. Christian “N”, hermano de Tatiana, y Francisco Delgado Madrigal, esposo de María del Rosario, argumentaron que el hecho fue planeado y no impulsivo, por lo que consideran que la responsabilidad penal debe equipararse a la de un mayor de edad.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó el suceso como “muy doloroso” y señaló que todo indica que el agresor tenía preparada la acción y buscaba específicamente a las docentes. Respecto al marco jurídico, la mandataria afirmó que el tema de juzgar a menores como adultos “es algo que se tiene que discutir en nuestro país, que es algo que necesitamos hablar de ello y abrirlo y debatirlo”, abriendo la puerta a una posible reforma legislativa futura.
En respuesta a la tragedia, la Secretaría de Educación Pública (SEP) expresó sus condolencias y reiteró su compromiso de construir entornos escolares seguros. Simultáneamente, la Presidenta anunció la implementación de un programa nacional de salud mental para adolescentes, que incluirá capacitación docente y la contratación de personal especializado, iniciando en los niveles de secundaria y educación media superior.
Las investigaciones continúan para esclarecer el origen exacto del armamento y la motivación precisa del ataque. Mientras el adolescente ha señalado que el arma pertenece a su padre, quien supuestamente labora en la Secretaría de Marina, la madre y el padrastro han negado que el fusil fuera de su propiedad, manteniéndose a la espera de las corroboraciones oficiales correspondientes.
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