Morelia, 28 de marzo de 2026.- Un juez giró este viernes 16 órdenes de aprehensión en contra del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, su exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, y 14 agentes de la Policía Estatal, por su presunta responsabilidad en los hechos violentos ocurridos en abril de 2017 en la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen.
La Fiscalía General de Justicia de Michoacán confirmó la emisión de los mandamientos de captura tras una investigación que documentó la actuación de las fuerzas de seguridad durante el operativo. Los delitos imputados a los señalados incluyen homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad, cargos que contemplan prisión preventiva de oficio según la legislación local.
Los hechos que originaron esta causa penal se remontan al 5 de abril de 2017, cuando elementos policiales intentaron levantar un bloqueo carretero en la localidad purépecha. El operativo, desplegado en el contexto de una disputa por tierras, derivó en un enfrentamiento que dejó como saldo cuatro personas fallecidas, 10 casos de tortura reportados, 38 tratos crueles e inhumanos y 48 detenciones arbitrarias.
De acuerdo con reportes periodísticos, la tensión escaló tras el bloqueo de la carretera entre Pátzcuaro y Cherán, realizado por pobladores en respuesta a la detención de una comitiva de campesinos que viajaba a Morelia para sostener una reunión con el entonces mandatario estatal. La intervención policial buscaba recuperar vehículos retenidos por la comunidad; mientras algunas fuentes mencionan la presencia de cien vehículos de carga, otras especifican la retención de 17 tráilers y tres camionetas.
Esta no es la primera situación legal compleja para Silvano Aureoles Conejo, quien ya enfrenta otra orden de aprehensión por delitos relacionados con el erario público. En el caso de Arantepacua, existen discrepancias en los relatos sobre la magnitud del despliegue de fuerzas, pues testimonios de activistas hablan de más de 800 policías involucrados, cifra que contrasta con las 16 órdenes de aprehensión libradas específicamente contra el exgobernador, su secretario y 14 elementos operativos.
La emisión de estas órdenes marca un nuevo capítulo en la exigencia de justicia por parte de familiares de las víctimas y organizaciones civiles, quienes han mantenido el caso en la agenda pública durante casi nueve años. La Fiscalía estatal, encabezada por Carlos Torres Piña, integró los elementos de prueba que permitieron al juzgador determinar la existencia de indicios suficientes para procesar penalmente a los altos mandos y agentes participantes en la intervención de 2017.
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