Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Gobierno de México presentó la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el cual reporta un total histórico de 394,645 personas registradas entre 1952 y 2026. De esta cifra, 132,534 mantienen el estatus de desaparecidas, mientras que 262,111 han sido localizadas, de las cuales 240,211 se encuentran con vida y 21,900 sin vida.
Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), desglosó las cifras correspondientes al periodo posterior a 2006, donde se concentran 130,178 casos con estatus de desaparecidas. La funcionaria explicó que estos registros se dividieron en tres grupos: 46,742 casos (36%) carecen de datos suficientes; 40,308 (31%) cuentan con información adecuada y han mostrado actividad posterior; y 43,128 (33%) poseen datos completos pero sin actividad reciente.
La presidenta Claudia Sheinbaum participó en la presentación y reconoció la complejidad operativa para localizar a las personas que integran el grupo con datos insuficientes. Por su parte, Félix Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos, abordó las implicaciones de la reforma legal de 2025, la cual establece la obligación de abrir carpetas de investigación desde el primer reporte de desaparición y exige la captura de datos mínimos para los registros.
A pesar de los marcos normativos vigentes, las cifras revelan una disparidad significativa entre el número de personas desaparecidas y las acciones judiciales iniciadas. Del universo total de casos, únicamente se han abierto 3,869 carpetas de investigación. Este dato fue señalado como motivo de preocupación por Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, quien exigió transparencia respecto a la metodología empleada para la depuración y categorización de los informes presentados por el Ejecutivo federal.
La actualización del registro busca ordenar la información disponible para facilitar las labores de búsqueda, aunque persisten retos metodológicos y operativos destacados tanto por el gobierno como por los representantes legislativos. Las autoridades mantendrán la revisión de los protocolos de registro para asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la reforma de 2025.
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