Por Redacción
Boston, 21 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este viernes una demanda federal contra la Universidad de Harvard, acusando a la institución de discriminación antisemita y de no proteger adecuadamente a estudiantes judíos e israelíes durante las protestas propalestinas ocurridas en el campus. La acción legal, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, solicita la recuperación de miles de millones de dólares en subvenciones federales otorgadas a la universidad.
La querella se centra en los incidentes registrados principalmente entre 2023 y 2024, tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre. Según el gobierno, la universidad permitió un clima de hostigamiento y agresión física contra alumnos de origen judío, destacando la permanencia de un campamento antiisraelí dentro del recinto por un periodo de 20 días. Las autoridades federales argumentan que la institución falló en garantizar la seguridad de estos estudiantes frente a manifestantes.
Este procedimiento marca la tercera demanda presentada por la administración Trump contra Harvard. El conflicto legal tiene antecedentes en febrero de 2025, cuando el ejecutivo federal amenazó con retirar los fondos de investigación, medida que fue bloqueada en ese momento por un juez. La disputa actual eleva la tensión entre el poder ejecutivo y las instituciones de educación superior respecto a la gestión de la libertad de expresión y la seguridad en los campus.
La Universidad de Harvard, por su parte, ha emitido comunicados institucionales en respuesta a las acusaciones, aunque la investigación disponible no detalla la respuesta legal formal presentada ante el tribunal ni especifica el nombre de la corte federal donde se radica el caso. Tampoco se han hecho públicas cifras exactas sobre el monto total de las subvenciones que el gobierno pretende recuperar, limitándose a mencionar que ascienden a miles de millones de dólares.
La falta de detalles específicos en la demanda sobre el número exacto de víctimas, fechas concretas de cada agresión y la identidad de los responsables directos deja abiertos los puntos de controversia que se debatirán en el proceso judicial. La resolución de este caso podría establecer un precedente significativo sobre la responsabilidad de las universidades privadas ante la presión política y los movimientos sociales dentro de sus instalaciones.
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