Ciudad De México, 06 de abril de 2026.- El Gobierno de México rechazó este lunes el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), organismo vinculado a la ONU, al considerar que sus conclusiones se basan en datos desactualizados que no reflejan la situación actual del país. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB) habían enviado meses antes documentación detallando los avances realizados desde 2019, los cuales no fueron tomados en cuenta por el comité.
Sheinbaum señaló que el CED realizó su análisis con base en información correspondiente al periodo de 2009 a 2017 de únicamente cuatro entidades federativas: Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco. La mandataria acusó que los resultados del informe fueron proyectados hasta 2025 sin considerar los cambios en la legislación ni la operación de la Comisión Nacional de Búsqueda. “Se les informó los trabajos y avances que hemos venido haciendo con la comisión de búsqueda y no fueron considerados, por eso se rechazó el documento”, afirmó la presidenta.
El Ejecutivo federal enfatizó que el documento hace referencia en su mayoría a casos ocurridos durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Al respecto, Sheinbaum indicó que el análisis no es “muy exacto” porque “extrapolan” los datos de esos cuatro estados a la situación actual a nivel nacional. Asimismo, aclaró que esto “no tiene nada que ver con el trabajo que hacemos con los colectivos de búsqueda, la solidaridad con padres de familia, con familiares de víctimas de desaparecidos y el trabajo que estamos haciendo para erradicar este terrible delito”.
Previamente, el 2 de abril de 2026, la SRE y la SEGOB señalaron formalmente que en México no existe una práctica de desaparición forzada constitutiva de crimen de lesa humanidad cometida de manera sistemática y generalizada. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) catalogó la decisión del CED como una postura sesgada, contradictoria y carente de perspectiva histórica e internacional.
Ante la publicación del informe, que sitúa a México como el país con más acciones urgentes por desaparición forzada en el mundo, con 819 registros entre 2012 y febrero de 2026, Sheinbaum adelantó que se establecerá una comunicación directa con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. “Vamos a establecer una relación estrecha con el Alto Comisionado de Derechos Humanos, para que conozca lo que se está haciendo y por qué razones no estamos de acuerdo con este informe”, dijo la presidenta.
El Gobierno de la Ciudad de México expresó su respaldo total al posicionamiento federal. La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, sostuvo que el informe del CED “se basa fundamentalmente en hechos ocurridos de 2009 a 2017; extrapolando lo sucedido durante ese periodo a la realidad actual de México”. El gobierno local consideró “muy grave” que no se haya incluido la evidencia presentada por el Estado mexicano y afirmó que el comité “decidió no valorar las medidas adoptadas por el Estado mexicano para enfrentar y erradicar ese fenómeno”.
Finalmente, la presidenta Sheinbaum confirmó que habrá un seguimiento puntual por parte de la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores sobre este asunto, mientras el gobierno federal mantiene la postura de que en la actualidad “el Gobierno Federal no reprime ni desaparece”, atribuyendo el fenómeno principalmente a la delincuencia organizada y a estrategias de seguridad de administraciones pasadas.
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