Culiacán, 19 de junio de 2026.- El Gobierno de Sinaloa ha solicitado formalmente al Congreso del Estado que otorgue la pensión por retiro anticipado a Alberto Jorge Contreras Núñez, quien se desempeñó como comisario general de la Policía de Investigación de la entidad. La petición fue firmada por la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde.
En el documento dirigido al poder legislativo, Bonilla Valverde indicó: “Con categoría de Comisario General, adscrito a la Comisaría General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, ha solicitado al Ejecutivo del Estado a mi cargo se le otorgue el derecho de pensión por retiro anticipado, habiendo acreditado debidamente su derecho a dicha prestación mediante las probanzas necesarias”.
Esta solicitud ocurre en un contexto de señalamientos internacionales contra el funcionario. El Gobierno de Estados Unidos ha acusado a Contreras Núñez de no detener a integrantes del Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos. Según la acusación estadounidense, emitida el 29 de abril de 2026, el excomisario era distinguido por la organización criminal bajo el apodo de “El Cholo”.
La denuncia federal involucra a Contreras Núñez junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios, entre los que figuran el gobernador Rubén Rocha Moya, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y el senador Enrique Inzunza Cázarez. Contreras Núñez dejó la Comisaría General de la Policía de Investigación en febrero de 2026 y posteriormente ha solicitado un amparo para evitar declarar en calidad de testigo ante la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con la información proporcionada, si el Congreso de Sinaloa aprueba la pensión solicitada, el Gobierno del Estado tendrá la obligación de pagarle 67,477 pesos mensuales, cantidad equivalente a unos 3,881 dólares.
La trayectoria de Alberto Jorge Contreras Núñez incluye una licenciatura en Criminalística cursada entre 1999 y 2003 en el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública. Inició su carrera como perito en criminalística en la Fiscalía General de Sinaloa, pasó a ser agente de la Policía Ministerial en 2004 y asumió la jefatura de investigación de la unidad antisecuestros el 16 de mayo de 2012. Finalmente, rindió protesta en su cargo el 5 de noviembre de 2022 ante la entonces fiscal general, Sara Bruna Quiñónez Estrada.