Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- El gobierno federal anunció este lunes el desmantelamiento de la mayoría de las empresas filiales de Petróleos Mexicanos (Pemex), una medida que busca eliminar mecanismos de contratación fuera de los sistemas tradicionales de supervisión. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que, tras un proceso de reestructuración, únicamente se mantendrán dos filiales operando, con el objetivo de consolidar a la petrolera como una sola entidad bajo estricto control público.
La decisión forma parte de la reforma energética impulsada por la administración actual y tiene como declaredos combatir la opacidad y reducir los riesgos de corrupción que, según las autoridades, se facilitaban a través de la estructura subsidiaria previa. Entre las empresas afectadas por esta medida se encuentran PMI Comercio Internacional y Fertinal, aunque el ejecutivo no especificó el número total exacto de filiales que serán eliminadas ni los nombres de todas las entidades que dejarán de operar.
De acuerdo con el comunicado gubernamental, la concentración de operaciones en dos filiales permitirá establecer reglas más claras de transparencia y evitará que se realicen contrataciones al margen de los mecanismos de vigilancia establecidos para la empresa productiva del Estado. La estrategia busca cerrar brechas que permitían flujos financieros y operativos menos auditables dentro del conglomerado petrolero.
Para llevar a cabo la eliminación de las filiales, el gobierno reconoció que serán necesarios diversos procesos legales, dado que se trata de entidades con personalidad jurídica propia. Sin embargo, las autoridades no detallaron el cronograma específico para la disolución de estas empresas ni proporcionaron estimaciones sobre el impacto financiero y operativo que tendrá esta reorganización en las finanzas de Pemex a corto y mediano plazo.
Esta reestructuración marca un cambio significativo en la gobernanza de la compañía, alineándose con la política de la actual administración de centralizar la toma de decisiones y fortalecer la supervisión directa sobre los activos energéticos nacionales. La medida se implementará en los próximos meses conforme se avancen los trámites jurídicos requeridos para la extinción de las sociedades mercantiles involucradas.
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