Ciudad De México, 04 de abril de 2026.- La industria minera mexicana identifica una oportunidad para reactivar la otorgación de concesiones ante la necesidad de Estados Unidos de asegurar minerales críticos, en un contexto marcado por conflictos ambientales y procesos de arbitraje internacional. En febrero de 2026, ambos países firmaron un plan de acción para evaluar vías de colaboración más estrechas en la producción, refinación y comercialización de materias primas fundamentales.
Yaxa Michel, presidenta de la Asociación Mexicana de Minerales Críticos, señaló que existe una sección del mar cercana a México que también podría tener nódulos polimetálicos, recursos que Estados Unidos y China ya han acordado explorar con las Islas Cook. Según la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), la extracción de estos nódulos no requiere excavación profunda y son más abundantes en la costa oeste del Pacífico mexicano.
Pedro Rivero, representante del sector, declaró: “Estamos en una posición en la que creemos posible que se vuelvan a otorgar concesiones mineras para volver a la exploración, que se ha reducido de forma importante en los últimos años”. Rivero añadió que el esfuerzo del Gobierno federal ha servido para medir realmente cuánto hay concesionado, quién lo tiene y cuánto se está pagando en derechos, generando “mucha más claridad”.
El panorama actual muestra que México dejó de otorgar concesiones mineras desde 2019. Durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, la superficie concesionada se redujo en 20%, hasta unas 16,8 millones de hectáreas. Recientemente, en febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó recuperar 1.126 concesiones que abarcan 889.512 hectáreas por incumplimientos; de estas, cerca de 250.000 hectáreas se encontraban en áreas naturales protegidas.
La tensión entre la actividad extractiva y la protección ambiental se refleja en el conflicto con la empresa Vulcan Materials (antes Calica), que se remonta a 2018, cuando la Profepa clausuró parcialmente su mina de piedra caliza en Quintana Roo. Los predios El Corchalito y La Adelita fueron cerrados por ubicarse en zonas donde no están permitidas estas actividades. Vulcan Materials inició un arbitraje internacional contra México en 2019 bajo el marco del TLCAN (ahora T-MEC) para reclamar 500 millones de dólares.
Las operaciones de Vulcan en la mina, que iniciaron en 1986 en asociación con la firma mexicana ICA, fueron totalmente clausuradas en 2022, incluyendo la mina Sac-Tun y el muelle de Punta Venado en Playa del Carmen, donde se revocó el permiso aduanal para exportar. Se estima que la firma exportaba semanalmente 3 mil 500 toneladas de roca caliza. En 2023, el gobierno mexicano respondió que el arbitraje era improcedente porque Vulcan actuó de mala fe, y en 2024 un decreto declaró la zona como área natural protegida, impidiendo definitivamente la minería en el predio.
Según la Semarnat, el “costo social” para restaurar la zona impactada por la explotación de Calica ascendía a 34 mil 650 millones 986 mil 364 pesos hasta noviembre de 2022. Ante este escenario, Yaxa Michel comentó: “Nos hemos dado cuenta de que el tema de la inversión es muy complicado. Podemos decir que sí hay inversión en lo que ya existe, los minerales clásicos como plata y cobre, pero no tanto en cosas nuevas”. La experta sugirió: “Tendríamos que voltear y ver las posibilidades que está abriendo el juego geopolítico actual para México”, especialmente en el área de procesamiento, donde China acapara la transformación de minerales relevantes para Estados Unidos.
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