Badiraguato, 08 de abril de 2026.- Un juez federal vinculó a proceso a 13 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por el homicidio de dos niñas de 11 y 7 años, identificadas como Leidy Rojas y Alexa Medina. La resolución fue emitida el 6 de abril de 2026 por el juez Josué Noé Egure Yáñez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Los Mochis, Sinaloa, quien dictó el auto bajo la figura del dolo eventual.
Los hechos que motivaron el proceso ocurrieron el 6 de mayo de 2025 en la comunidad de La Cieneguilla, dentro del municipio serrano de Badiraguato. Según la investigación, alrededor de las 14:00 horas, la familia se desplazaba en una camioneta con destino a la escuela cuando, al encontrar el camino bloqueado, dio media vuelta. En ese momento, un convoy de tres vehículos del Ejército Mexicano, pertenecientes al 42º Batallón de Infantería con sede en Guamúchil, circulaba en sentido contrario y abrió fuego sin previo aviso contra el vehículo familiar.
Los militares dispararon al menos 119 veces contra la camioneta. Como resultado, fallecieron las primas Alexa Medina y Leidy Rojas. Además, resultaron heridos otros dos menores, Silvia y Gael Medina, de 14 y 12 años respectivamente, así como los padres de una de las niñas fallecidas. La Fiscalía General de la República (FGR) acusaba a los uniformados de homicidio por el caso de las niñas, y de homicidio en grado de tentativa por el caso de los otros dos menores y los padres heridos.
Durante el proceso legal, la defensa de los militares argumentó que sus defendidos actuaron en un contexto de violencia en el Estado de Sinaloa, bajo un estado de alerta y nerviosismo. Los abogados de la defensa sostuvieron que los soldados dispararon porque creyeron de forma equivocada que enfrentaban una amenaza real y que la situación “no podía evitarse en ese momento”. Sin embargo, el juez desestimó estos argumentos para dictar la vinculación a proceso.
Las órdenes de aprehensión en contra de los 13 militares ya fueron ejecutadas y las víctimas fueron notificadas el 31 de marzo de 2026. De manera paralela al proceso civil, la jurisdicción militar abrió una investigación sobre los mismos hechos. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) acompaña a la familia en el litigio.
Inicialmente, las autoridades informaron que la familia había sido víctima de un fuego cruzado entre militares y criminales. No obstante, los testimonios de los supervivientes indicaron que no hubo ningún enfrentamiento y que los uniformados dispararon sin que mediara amenaza alguna. Según Semanario ZETA, la versión del enfrentamiento nunca fue desmentida ni corregida públicamente por la SEDENA.
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