Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- El gobierno de México rechazó el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desapariciones, mientras que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita de forma urgente la situación a la Asamblea General.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que se trata de un informe tendencioso y parcial, el cual omitió observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Estado, incluyendo información entregada el 27 de marzo antes de la publicación del documento.
El gobierno mexicano argumentó que el procedimiento aplicado por el Comité está diseñado para contextos donde las cifras de desaparecidos son generalizadas y sistemáticas por parte del Estado, lo cual no corresponde a la realidad actual del país. En un comunicado, las autoridades señalaron: “El propio Comité reconoce en los párrafos 117 y 118 de su decisión que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”.
Por su parte, la decisión del CED, publicada el 2 de abril de 2026, establece que la información recibida contiene indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. El organismo indicó que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en distintas partes del territorio nacional.
El Comité documentó casos donde existe participación directa de funcionarios públicos, o su autorización, apoyo o aquiescencia. Entre ellos, mencionó que en Jalisco, donde el colectivo Guerreros Buscadores localizó un centro de adiestramiento, desaparición y exterminio operado por grupos criminales en el Rancho Izaguirre, las autoridades están relacionadas con los casos registrados.
Según el CED, México concentra el mayor número de acciones urgentes por desapariciones en el mundo, con 819, de las cuales 40 ocurrieron entre octubre de 2025 y marzo de 2026. La organización civil Idheas señaló que ese escenario revela fallas estructurales en los sistemas de búsqueda implementados por el Gobierno.
Sobre el alcance del informe, Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité, declaró: “El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”.
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