Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- Diversas acciones institucionales y demandas de la sociedad civil marcaron esta semana la agenda de justicia y derechos humanos en Mexico, con un convenio entre la Suprema Corte de Justicia de la Nacion y el Conapred, llamados del Senado para armonizar leyes estatales y exigencias de organizaciones indigenas para que sus derechos sean vinculantes.
La Suprema Corte de Justicia de la Nacion y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminacion firmaron un acuerdo de colaboracion el 20 de marzo de 2026, con el objetivo de promover la igualdad sustantiva y la no discriminacion en la funcion jurisdiccional. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y la presidenta del Conapred Claudia Olivia Morales Reza encabezaron la firma del convenio, aunque no se detallaron los mecanismos concretos para incorporar estos principios en la labor judicial.
En paralelo, el Senado de la Republica impulso un llamado para uniformar las leyes de genero en todos los estados del pais. La senadora Malu Micher participo en las acciones legislativas que buscan armonizar la legislacion local con los estándares nacionales, sin que se haya establecido un plazo especifico o medidas de seguimiento para los estados.
Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Indigenous Peoples Rights International Mexico, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolome de Las Casas, el Centro de la Montana Tlachinollan y Voces del Territorio Mexico, emitieron un posicionamiento exigiendo que los derechos de los pueblos indigenas sean vinculantes y no solo declarativos. Las organizaciones demandan una ley reglamentaria del articulo 2 constitucional, aunque no se especifica el contenido o estatus legislativo de dicha iniciativa.
El sistema de justicia enfrenta cuestionamientos concretos. Un caso judicial señalo una actuacion cuestionable de la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien amparo al empresario Pedro Miguel Babb Villarreal, acusado de fraudes. Este caso contrasta con los anuncios institucionales de avances en derechos humanos y no discriminacion, sugiriendo una posible contradiccion entre el discurso oficial y la practica judicial.
En el ambito de transparencia, la Plataforma Nacional de Datos Abiertos suma mas de 5 mil bases de datos de 184 instituciones, segun reporte de la Agencia de Transformacion Digital y Telecomunicaciones. Esta cifra representa una de las mayores bases de datos abiertos de America Latina, aunque no se especifica como se relaciona con las acciones de justicia y derechos humanos.
Las noticias de esta semana reflejan tanto acciones oficiales como demandas sociales y casos problematicos dentro del sistema de justicia mexicano. Mientras instituciones como la SCJN y el Senado anuncian avances, persisten cuestionamientos sobre la procuracion de justicia y exigencias de la sociedad civil para que los derechos humanos trasciendan del discurso a la practica vinculante.
About the Author
