Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsó una iniciativa de Ley General contra el Feminicidio que propone establecer un tipo penal único a nivel nacional y elevar las sanciones penales de 40 a 70 años de prisión. La medida, presentada este 25 de marzo en la capital del país, tiene como objetivo principal homologar los criterios de investigación y justicia en todas las fiscalías de la República Mexicana.
De acuerdo con los planteamientos del Ejecutivo federal, la nueva legislación obligará al Ministerio Público a investigar de inicio cualquier muerte violenta de una mujer bajo la carpeta de feminicidio, eliminando la discrecionalidad que ha caracterizado a estos casos en distintas entidades federativas. Además, la iniciativa contempla sanciones específicas para la tentativa de feminicidio, buscando cerrar vacíos legales que permitían impunidad en agresiones que no culminaban en muerte.
En el marco de esta presentación, participaron funcionarios clave para la implementación de la política de seguridad y justicia de género, entre ellos Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); Ernestina Godoy, fiscal general de la República, e Ingrid Gómez, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres. La presencia de estos actores subraya la coordinación interinstitucional requerida para la aplicación de la norma.
Un componente central de la propuesta es la creación de un registro nacional de orfandad destinado a los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio. Este mecanismo busca dar seguimiento y protección específica a los menores que quedan en situación de vulnerabilidad tras el asesinato de sus madres, integrando una perspectiva de derechos humanos y reparación del daño más allá del castigo penal al agresor.
La iniciativa representa un esfuerzo por unificar el marco jurídico en materia de violencia de género, ante la disparidad de criterios que actualmente existe entre los estados del país. Con la pena máxima de 70 años de cárcel, el gobierno federal pretende enviar un mensaje de severidad hacia los perpetradores de estos delitos, alineando la legislación mexicana con las demandas de organizaciones civiles y familiares de víctimas que exigen justicia contundente.
Ahora corresponde al proceso legislativo la discusión y eventual aprobación de la ley, la cual deberá pasar por el análisis del Senado de la República. Una vez dictaminada, la normativa buscará transformar la procuración de justicia en casos de violencia extrema contra las mujeres, estableciendo protocolos obligatorios y sanciones estandarizadas en todo el territorio nacional.
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