Por Redacción
Tijuana, 20 de marzo de 2026.- Este jueves se llevó a cabo la primera audiencia judicial contra el exboxeador y exfuncionario Erik ‘Terrible’ Morales, imputado por un presunto delito de abuso sexual en agravio de una mujer que fue su subordinada en el Ayuntamiento de Tijuana. El acto, programado inicialmente para las 09:00 horas, tuvo lugar con retraso ante la jueza Griselda Rábago Lara, quien determinó restringir el acceso a la prensa y al público para salvaguardar los derechos personales de la víctima.
Durante el inicio del procedimiento, surgieron posturas contrapuestas respecto a la transparencia del caso. La defensa legal de Morales, integrada por los abogados Alejandro Reyna, Jarem Madrigal Rodríguez y Elías Flores Gallegos, solicitó que la audiencia fuera abierta. Alejandro Reyna argumentó: “nosotros sí queremos que estén aquí y que escuchen todo lo que se va a exponer”, refiriéndose a los medios de comunicación presentes. Sin embargo, la magistrada rechazó la petición al considerar que la privacidad de la denunciante debía prevalecer.
Al justificar su decisión, la jueza Griselda Rábago Lara declaró que “las restricciones son cuando se pudiera vulnerar la vida privada y siempre favoreciendo los derechos personales de la víctima, el resguardo de la identidad y la privacidad”. Esta medida garantiza que la identidad de la mujer, quien laboró como compañera subordinada de Morales durante la administración del exalcalde Ismael Burgueño, no sea revelada públicamente.
En el recinto judicial también estuvieron presentes Rubén Hernández, padre de la presunta víctima, así como Elvira, testigo propuesta por la parte de la defensa. La investigación no ha divulgado detalles específicos sobre la fecha exacta en que ocurrieron los hechos ni el cargo concreto que ostentaba Morales en el gobierno municipal al momento del presunto abuso, más allá de su conocido rol como exsecretario municipal del Bienestar.
Esta audiencia marca un hito en el proceso legal tras tres intentos previos que no lograron concretarse. Mientras la defensa busca exponer sus argumentos en un foro abierto, el sistema judicial ha optado por cerrar las puertas del tribunal para priorizar la protección de los datos personales de la denunciante en este caso que ha generado atención mediática por la fama deportiva del imputado.