Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó otorgar un indulto a Mario Aburto Martínez, responsable confeso del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, al considerar que el magnicidio constituye un asunto de Estado que no puede cerrarse con medidas de clemencia. La declaración se da en un contexto de divergencia con el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, quien ha solicitado el beneficio legal para el reo y argumenta que la jefe del Ejecutivo cuenta con la facultad para concederlo pero carece de la voluntad política para hacerlo.
La controversia surge a 32 años del crimen y coincide con la continuidad de las acciones legales por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), que mantiene abierta una investigación contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), por su presunta participación como un segundo tirador en los hechos. Mientras la administración federal sostiene la necesidad de profundizar en la verdad histórica del caso, la familia de la víctima ha expresado su postura a favor de la liberación de Aburto.
En medio de este desacuerdo, el senador Colosio Riojas ha señalado que la teoría del segundo tirador no representa un hallazgo reciente, afirmando que dicha persona ya había sido identificada hace tres décadas. Esta declaración contrasta con la presentación de la FGR sobre una investigación activa que aporta pruebas recientes para sustentar la acusación contra Sánchez Ortega. El legislador ha cuestionado la narrativa oficial sobre la novedad de los elementos probatorios.
El proceso judicial relacionado con la posible participación de Sánchez Ortega enfrenta demoras procedimentales; su apelación lleva cuatro meses sin desahogarse desde noviembre de 2025. Esta situación mantiene en un limbo legal la determinación de responsabilidades adicionales más allá de la sentencia que ya pesa contra Mario Aburto, quien permanece en prisión como el autor material reconocido del homicidio del candidato presidencial.
La discrepancia entre el Poder Ejecutivo y el hijo de la víctima marca el estado actual del caso, donde convergen demandas de justicia histórica y peticiones de clemencia. La presidenta Sheinbaum ha vinculado la situación con el contexto político actual, mencionando aspectos relacionados con la trayectoria del senador Colosio Riojas, mientras la sociedad mexicana observa la evolución de un expediente que define la impunidad o la conclusión definitiva de uno de los crímenes más relevantes de la vida pública nacional.
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