Por Redacción
Torreón, 15 de marzo de 2026.- El regidor Gabriel Francisco Pedro, de Morena y secretario de la Comisión de Gobernación y Reglamentación del Ayuntamiento de Torreón, anunció su oposición a la iniciativa de dotar de armas a los agentes viales, argumentando que la ciudadanía rechaza la medida y advirtiendo que votará en contra si no se realiza una revisión exhaustiva previa.
La postura del edil surge en el marco del proceso de integración de la Dirección de Tránsito y Vialidad a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que conlleva una modificación de los reglamentos correspondientes. La iniciativa está programada para ser discutida en las comisiones del cabildo durante la semana siguiente al 15 de marzo.
“La ciudadanía no está de acuerdo con que se dote de armas a los agentes viales”, declaró el regidor, basando su postura en consultas informales con la población. Añadió que “se votará en contra del cambio de reglamentación si antes no se hace una profunda revisión”, exigiendo un análisis más detallado de las implicaciones de la medida.
Pedro expuso además una de las preocupaciones centrales recogidas entre los ciudadanos: “Lo que mucha gente nos ha manifestado es que, de antemano, hay elementos que son muy prepotentes, y que al portar un arma se va a acrecentar ese comportamiento”. Esta percepción ciudadana sobre el posible abuso de autoridad constituye el núcleo de su argumentación en contra.
El debate se enmarca en una reconfiguración broader de la seguridad municipal, donde la fusión de Tránsito con Seguridad Pública busca una mejor coordinación operativa. Sin embargo, la propuesta de armamento enfrenta escepticismo sobre la capacitación, el perfil psicológico y los protocolos de uso de la fuerza que deberían acompañar tal medida.
La postura del regidor de Morena introduce un elemento de discordia política dentro del ayuntamiento, donde la iniciativa deberá ser aprobada por las comisiones y luego por el pleno. Su advertencia de votar en contra si no se cumplen sus condiciones anticipa un proceso de negociación y posible modificación de la propuesta original.
El caso de Torreón refleja un debate nacional sobre el alcance y los límites de la autoridad de las fuerzas de seguridad locales, particularmente de aquellas que tradicionalmente no han portado armas de fuego. El resultado de esta polémica podría sentar un precedente para otros municipios que contemplen medidas similares.
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