Toluca, 30 de mayo de 2026.- El Gobierno de Rusia reclamó la presencia de la menor Kristina Vladímirovna, de 17 años, quien se encuentra bajo custodia de autoridades mexicanas como posible víctima en una investigación por trata de personas. La joven también es parte de una indagatoria por una presunta agresión sexual cometida por su hermanastro.
La tensión diplomática escaló cuando Moscú convocó al embajador de México en Rusia, Eduardo Villegas, debido a la presunta ‘retención ilegal’ de la adolescente en un ‘centro especializado de internamiento’ infantil. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajárova, defendió que la Cancillería ha expresado ‘su profunda preocupación por la inacción de las autoridades mexicanas a la hora de resolver la situación’ de la menor en más de una ocasión.
De acuerdo con los hechos, Vladímirovna llegó al DIF del Estado de México en 2023 por ‘riesgo de violencia en su núcleo familiar’. La menor ‘escapó’ de las instalaciones del Centro de Asistencia Social (CAS) Villa Hogar en Toluca el 28 de septiembre de 2024. Este evento desencadenó el cese del cargo del subdirector del centro unos días más tarde, y el 30 de septiembre de 2024 se agregó una denuncia por omisión de cuidados en su contra.
La joven fue localizada una semana después de su desaparición a más de 2,500 kilómetros de distancia, en Tijuana, Baja California. En ese momento quedó bajo custodia de la Fiscalía estatal. El Ministerio Público mexiquense informó que Vladímirovna fue encontrada con ‘óptimo estado de salud’ en el centro de la ciudad fronteriza.
Paralelamente, existe una carpeta de investigación abierta desde un año antes por una presunta agresión sexual cometida por su hermanastro cuando ella tenía 13 años. Derivado de esto, la Fiscalía solicitó y obtuvo del juez de control una orden de captura en contra de Andrey ‘N’, de 26 años y nacionalidad rusa.
La Embajada de Rusia en México ha realizado gestiones sobre este caso desde 2023, cuando la menor ingresó al sistema de protección. La madre adoptiva de la joven, Marína Romanova, desestimó los señalamientos de violencia cuando la menor pasó a manos del DIF mexiquense y acusó a la dependencia de ‘secuestro’ de la joven.
Funcionarios consulares rusos mantuvieron cuatro reuniones con Vladímirovna durante el verano de 2025, en las cuales ella solicitó regresar a su país de origen. Sin embargo, la portavoz María Zajárova afirmó en la última semana que existe una ‘persistente reticencia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley’ mexicanos para resolver el caso.
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