Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió reservar por un periodo de cinco años la información relacionada con el modelo, costo y fecha de adquisición de los 151 vehículos que conforman su parque automotor. La determinación fue emitida por el Comité de Transparencia del Poder Judicial en respuesta a una solicitud de acceso a la información presentada en enero de 2026, la cual también buscaba conocer qué ministros han recibido asignaciones vehiculares desde 1994.
En su resolución, el órgano garante de la transparencia dentro de la Corte justificó la opacidad de los datos al señalar que hacer públicos los detalles técnicos y económicos de las unidades “podría poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas titulares” del Poder Judicial. El argumento central de la institución es que esta medida busca “garantizar la seguridad, salud y, en consecuencia, la vida de las personas servidoras públicas usuarias de este Alto Tribunal”.
Como consecuencia de esta decisión, se mantendrá en secreto el monto total invertido en la flota de 151 unidades, así como las especificaciones de cada vehículo. Entre la información oculta se encuentran los datos de nueve camionetas Jeep Grand Cherokee blindadas, cuya adquisición fue revelada previamente pero cuyos costos y detalles operativos no serán difundidos. Asimismo, no se hará público el emplacado de las unidades ni los nombres de los ministros titulares a quienes están asignados.
La solicitud de transparencia original no incluyó preguntas sobre la asignación específica actual ni las placas de circulación, pero el rechazo del Comité abarca también la negativa a hacer público el historial de asignaciones a las ponencias ministeriales desde 1994 hasta la fecha. Esta acción de reserva ocurre en un contexto donde la adquisición de vehículos blindados para los ministros ya había generado atención pública, motivando la petición de detalles financieros y logísticos por parte de solicitantes de información.
Con esta resolución, la SCJN establece un precedente de restricción al acceso a la información patrimonial y operativa de su flota vehicular bajo el argumento de protección a la integridad física de sus integrantes, limitando el escrutinio público sobre el uso de recursos en el más alto tribunal del país durante el próximo lustro.