Por Redacción
México., 16 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes un nuevo paquete de reformas electorales, conocido como ‘Plan B’, que se centra en recortar el presupuesto de los congresos locales y reducir el número de regidores municipales, con el objetivo declarado de reorientar esos recursos hacia obra pública en estados y municipios. La iniciativa, pactada con sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), será enviada formalmente al Congreso de la Unión este martes 17 de marzo, tras el rechazo de una propuesta más ambiciosa la semana pasada.
En un anuncio desde Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que la propuesta busca que los recursos ahorrados “se queden en municipios y estados para obra pública”, etiquetando los fondos para ese fin. Según un análisis editorial citado en la investigación, el ahorro estimado rondaría los 4,000 millones de pesos. La presidenta también señaló que, aunque este ‘Plan B’ no incluye la reducción de privilegios a los partidos políticos a nivel federal —uno de los puntos más polémicos del ‘Plan A’—, su gobierno seguirá insistiendo en ese objetivo en el futuro.
El nuevo acuerdo llega después de que, el 11 de marzo, una iniciativa de reforma electoral más integral fuera rechazada en la Cámara de Diputados, incluso con el voto en contra del PT y el PVEM. Según análisis periodísticos, esos partidos habrían temido la creación de un partido hegemónico y la posibilidad de perder su registro con las reglas originales. El ‘Plan A’ incluía, entre otros puntos, reducir la Cámara de Diputados de 500 a 400 integrantes.
A diferencia de la propuesta fallida, el ‘Plan B’ se enfoca en los ámbitos estatal y municipal. Un reporte del Semanario ZETA detalló ejemplos del alto costo por legislador local, citando que en Baja California asciende a 34.8 millones de pesos y en Colima a 5.1 millones. La reducción de regidores en los ayuntamientos es otro de los ejes centrales de la iniciativa, aunque se desconoce el número específico de cargos que se pretende eliminar.
Algunos análisis críticos, como el del artículo ‘Oraciones a San Lázaro’ de Quadratín, caracterizan la reforma como una carga de austeridad para estados y municipios que vulnera el federalismo, al tiempo que ‘salva’ a instituciones federales como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de recortes inmediatos.
El proceso para la aprobación de este ‘Plan B’ inicia ahora en el Congreso, donde Morena y sus aliados necesitarán movilizar las mayorías necesarias. La iniciativa deja pendientes temas de gran controversia, como el financiamiento a los partidos, lo que sugiere que el debate sobre la reforma electoral en México está lejos de concluir.
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