Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El gobierno del presidente Donald Trump ha disparado las acusaciones contra migrantes por traspasar zonas militares en la frontera con México, territorios que la administración ha designado recientemente como ‘áreas de defensa nacional’. Al poner bajo control militar estos espacios en Arizona, California y Texas, se permite a las tropas tener autoridad para detener a migrantes, quienes son acusados de violar leyes federales, incluyendo una legislación de 1909 contra espías.
Desde abril de 2025, unos 4,700 migrantes han sido acusados de ingresar ilegalmente a Estados Unidos y de penetrar en estas zonas militares. Sin embargo, alrededor del 60% de los cargos son retirados. Los casos suelen caerse al determinar los jueces que ingresar a un área militar no hace culpables a los migrantes si no sabían que era una, situación frecuente dado que los detenidos a menudo no saben leer, no hablan español o inglés y no logran identificar los letreros de advertencia, descritos como poco visibles.
Las zonas no están cercadas, pero cuentan con postes con signos de advertencia. En un recorrido con el sheriff del condado de Doña Ana en Nuevo México, oficiales comentaron que no han recibido información específica sobre cuáles son los límites de la zona militar. Cuando se pidió indicar la ubicación exacta del ‘área de defensa nacional’, tanto los soldados en el lugar como el propio Departamento de Guerra evitaron responder. Pese a esto, el Departamento de Justicia ha dicho que las acusaciones han frenado los cruces fronterizos y la actividad de los cárteles, mientras los fiscales argumentan que ingresar ilegalmente es suficiente para probar la intención criminal.
En otro frente legal, una jueza federal en Estados Unidos ordenó a la administración de Donald Trump restituir el estatus legal de cientos de miles de migrantes que ingresaron al país mediante la aplicación CBP One. La resolución responde a la cancelación de permisos migratorios que afectó a más de 900 mil personas y dejó en incertidumbre legal a miles de solicitantes de asilo. El fallo obliga a reconocer que estos migrantes actuaron conforme a un mecanismo institucional vigente al momento de su ingreso y no incurrieron en irregularidades.
Paralelamente, el gobierno de México anunció que participará en una demanda colectiva contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por las condiciones de detención de migrantes en custodia, bajo la figura de amicus curiae (‘amigo de la corte’). Esta acción ocurre tras confirmarse que José Guadalupe Ramos Solano, originario de Silao, Guanajuato, falleció en condiciones extrañas bajo custodia del ICE en Adelanto, California.
Con la muerte de Ramos Solano, de 52 años, suman 14 mexicanos fallecidos durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, comprendido entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de marzo de 2026. Entre 2025 y el primer trimestre de 2026, en Estados Unidos han muerto 47 personas en detenciones o bajo custodia del ICE, de las cuales tres de cada diez han sido mexicanas. Desde la creación del ICE en 2003, han muerto 63 mexicanos por detenciones o bajo su custodia.
Adicionalmente, Estados Unidos inició la construcción de un segundo muro fronterizo en la zona limítrofe entre Mexicali, Baja California, y Caléxico, California.
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