Badiraguato, 09 de abril de 2026.- Trece elementos del Ejército Mexicano fueron vinculados a proceso por el homicidio de Leidy y Alexa, de 11 y 7 años de edad, así como por la tentativa de homicidio de otros cuatro integrantes de su familia. La resolución fue emitida el 6 de abril por el juez de control Josué Noé Egure Yáñez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Los Mochis, quien determinó procesar a los uniformados por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.
Los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2025 en la comunidad de La Cieneguilla, Sinaloa. Según lo establecido en la investigación, la familia transitaba en una camioneta con dirección a la escuela cuando un convoy de tres vehículos del Ejército, que circulaba en el carril contrario, abrió fuego en contra del vehículo familiar. Fuentes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez indicaron que la familia retornaba hacia su casa al encontrar el camino bloqueado y que el ataque se produjo “sin previo aviso o justificación alguna”.
De acuerdo con la información recabada, el convoy militar disparó en más de cien ocasiones contra la unidad en la que viajaban las víctimas. Leidy y Alexa murieron en el acto, mientras que dos adolescentes de 14 y 12 años, junto con dos adultos, sobrevivieron al ataque. En un inicio, las autoridades anunciaron que se trató de un enfrentamiento, versión que nunca fue desmentida ni corregida públicamente.
El 31 de marzo pasado, las víctimas fueron notificadas de la ejecución de diversas órdenes de aprehensión en contra de los 13 militares. Durante la audiencia de vinculación a proceso, agentes de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos presentaron pruebas que, según su exposición, acreditaban “el uso letal de la fuerza de forma injustificada”, calificando los hechos como una “actuación dolosa”.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señaló que los elementos castrenses “cuentan con adiestramiento y formación en el uso de la fuerza y existía una alta previsibilidad del resultado letal” al accionar sus armas contra la camioneta. Por su parte, la defensa de los militares argumentó que los hechos ocurrieron en “un contexto de violencia en el estado”, describiendo a Sinaloa como uno de los más peligrosos del país debido a la disputa entre carteles de la droga.
La familia de las niñas ha denunciado lo ocurrido como “el uso ilegítimo y arbitrario de la fuerza”. Asimismo, se informó que la jurisdicción militar abrió una investigación paralela sobre los hechos. Respecto al caso, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez expresó: “La expectativa es que todas las instituciones estén a la altura del desafío que implica garantizar verdad y justicia en el homicidio de dos niñas a manos de elementos castrenses, en un contexto donde en casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares la constante es la impunidad”.
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