Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- El juez Gerardo Anguiano Ceja vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con el proyecto Next Energy, decisión que se emitió tras concluir una audiencia que se extendió por casi 24 horas, iniciada el día anterior. La resolución judicial fija una garantía económica de alrededor de 100 mil pesos y establece un plazo de seis meses para la investigación complementaria, marcando un nuevo capítulo legal para el exmandatario que gobernó la entidad entre 2019 y 2021.
La Fiscalía General del Estado de Baja California acusa a Bonilla Valdez de cometer irregularidades durante su gestión que derivaron en un daño al erario estatal. El centro de la controversia es un contrato para la construcción de una planta fotovoltaica en Mexicali que nunca se materializó, pero que comprometía pagos mensuales de 123 millones de pesos durante un periodo de 30 años. Las autoridades investigan los permisos y los compromisos financieros adquiridos bajo la administración del ahora dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT).
En su defensa, Jaime Bonilla Valdez ha argumentado que los pagos de 123 millones de pesos vinculados al proyecto se realizaron entre enero y febrero de 2022, periodo en el cual él ya no se encontraba en funciones como gobernador. Asimismo, el exfuncionario sostiene que su gobierno únicamente pactó el pago por un servicio de suministro energético y no la construcción directa de la infraestructura, contradiciendo la tesis fiscal que señala responsabilidades en la gestación del contrato fallido.
La audiencia, celebrada en la capital del país, tuvo como objetivo determinar la situación jurídica del implicado frente a las pruebas presentadas por la procuraduría bajacaliforniana. Aunque la investigación no detalla el contenido específico de las evidencias exhibidas ni el nombre exacto del tribunal, el fallo del juez Anguiano Ceja da curso formal al proceso penal, sometiando al exgobernador a las siguientes etapas de la justicia.
Este caso jurídico se desarrolla en un contexto político sensible para Baja California, donde la actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, enfrenta las repercusiones de un contrato heredado que la fiscalía considera lesivo para las finanzas públicas. La vinculación a proceso de Bonilla Valdez añade tensión a la dinámica entre el gobierno estatal actual y la oposición liderada por el exmandatario, mientras se aguarda el desarrollo de los siguientes seis meses de indagatorias.
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