Mexicali, 25 de marzo de 2026.- Un juez de control, Gerardo Anguiano Ceja, vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por su presunta responsabilidad en el contrato firmado con la empresa Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali. La audiencia, que inició a las 09:23 horas y se extendió entre el 23 y 24 de marzo, concluyó con la decisión judicial que someterá al exmandatario a un plazo de investigación de seis meses.
La acusación se centra en un contrato plurianual por 4,500 millones de pesos a 30 años, mediante el cual el gobierno estatal se comprometió a realizar pagos mensuales de aproximadamente 123 millones de pesos. Según los datos del caso, se realizó un pago inicial de 123 millones de pesos entre el 20 de enero y el 11 de febrero de 2022, periodo posterior a que Bonilla entregara la administración en octubre de 2021. La planta de energía, destinada a dotar de electricidad al acueducto Río Colorado-Tijuana, nunca fue construida.
Durante la audiencia, la defensa legal de Bonilla, integrada por los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez, argumentó que el delito de uso ilícito de facultades no era aplicable, ya que el proyecto se trato de un contrato para la adquisición de un servicio y no de una adquisición de crédito fiscal. Asimismo, los defensores señalaron que los pagos se efectuaron cuando el exgobernador ya no se encontraba en el cargo, buscando con ello contradecir la imputación de abuso de autoridad durante su mandato.
El proceso judicial se desarrolla en un contexto de tensión política entre el exgobernador, quien ahora funge como dirigente del Partido del Trabajo (PT), y la actual gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila, de Morena. Este caso marca un precedente al ser Jaime Bonilla señalado como el primer exgobernador surgido de la coalición morenista que enfrenta una acusación abierta de corrupción ante la Fiscalía General del Estado.
Con la vinculación a proceso formalizada, la justicia local tendrá un semestre para recabar pruebas y determinar la situación jurídica definitiva del exfuncionario. La resolución del juez de control da paso a la siguiente fase del procedimiento penal, donde se deberá esclarecer la legalidad del acuerdo energético que mantiene al gobierno estatal comprometido con pagos millonarios por un servicio de energía que no ha sido prestado.
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