Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California solicitará una pena máxima que podría alcanzar los 120 años de prisión para María de la Luz Damián Andrade, alias ‘La Tía’ o ‘La Abuela’, presunta integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), capturada el 27 de febrero. Este caso se enmarca en una serie de incidentes violentos registrados en Tijuana y Mexicali durante las últimas semanas, que incluyen balaceras, atentados y operativos contra la delincuencia organizada.
La fiscal general Ma. Elena Andrade Ramírez confirmó la intención de su dependencia de imponer la sanción más severa contra Damián Andrade, quien está acusada de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. La detención se produjo en un operativo en la colonia Baja California de Mexicali, luego de que la FGE recibiera información sobre su presunta participación en actividades delictivas.
En paralelo, autoridades municipales de Tijuana confirmaron un incidente de balacera ocurrido la tarde del 13 de marzo en un taller mecánico ubicado en la colonia Anexa Postal. Agentes reportaron que sujetos armados dispararon contra el inmueble, aunque no se reportaron personas lesionadas. El hecho se suma a otro ataque registrado el 16 de febrero en la colonia El Florido, también en Tijuana, donde Luis Jorge Arredondo Maravilla fue herido de bala alrededor de las 16:15 horas por sujetos que llegaron en motocicleta.
Testigos del atentado en El Florido relataron a las autoridades que los agresores, encapuchados y armados, se aproximaron en una motocicleta y dispararon contra la víctima antes de darse a la fuga. La condición médica actual de Arredondo Maravilla no ha sido divulgada por las autoridades. Asimismo, se mantiene en investigación el destino de Rogelio Santander, cuyo paradero se desconoce tras ser reportado como desaparecido.
Los casos evidencian la persistente violencia vinculada a grupos delictivos en la región. La Fiscalía ha señalado que, además de los procesos penales, analiza videos para identificar a participantes en daños a propiedad pública ocurridos durante manifestaciones del 8 de marzo, aunque ha aclarado que por esos hechos no hay órdenes de aprehensión activas. Las investigaciones continúan abiertas para esclarecer los motivos de los ataques y la posible conexión entre los diferentes incidentes.
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