Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- El debate legislativo sobre la reforma constitucional electoral y la revocación de mandato entró en una fase decisiva esta semana en la Ciudad de México, donde la aprobación de la iniciativa depende críticamente de los seis votos del Partido del Trabajo (PT). Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsa su propuesta, conocida como el “Plan B”, que incluye cambios en la integración del Congreso y recortes a funcionarios electorales, la falta de certeza en la bancada aliada y la presentación de una iniciativa alterna por parte del senador Manlio Fabio Beltrones han complicado el escenario para alcanzar la mayoría calificada requerida.
Para que la reforma sea aprobada, es necesario obtener al menos 85 votos en el Senado, umbral que representa dos terceras partes de la cámara. Aunque las fuerzas oficialistas Morena, PVEM y PT suman conjuntamente 87 legisladores, la postura del PT se ha vuelto el factor determinante. Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT en el Senado, ha manifestado dudas respecto a la iniciativa presidencial, lo que obliga a los promotores de la reforma a negociar los detalles finales antes de someterla a votación en la sesión extraordinaria programada para su dictaminación.
En medio de este proceso, el senador Manlio Fabio Beltrones presentó una propuesta legislativa alternativa que compite con el proyecto enviado por el Ejecutivo federal el pasado 17 de marzo. Esta divergencia refleja las tensiones internas sobre el rumbo de los cambios institucionales, los cuales contemplan no solo la figura de revocación de mandato, sino también la reducción de puestos en ayuntamientos y modificaciones sustanciales en la estructura del poder legislativo, pasando a un esquema de 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional.
El organismo encargado de vigilar el proceso comicial, el Instituto Nacional Electoral (INE), mantiene seguimiento a los acontecimientos. Guadalupe Taddei, presidenta del instituto, participó en reuniones con los actores políticos involucrados, aunque la postura específica de la autoridad electoral frente a los detalles técnicos de las reformas aún no se ha detallado públicamente en el contexto de estas negociaciones. Por su parte, los presidentes de las comisiones legislativas, Óscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza, han emitido comunicados oficiales relacionados con el avance de la dictaminación.
Existen discrepancias en la información pública sobre el estatus real de la propuesta. Mientras algunas fuentes indican que el Congreso podría haber rechazado la iniciativa, otros reportes confirman que el proceso de análisis y votación del “Plan B” continúa en curso. La definición final recaerá en la capacidad de negociación del bloque oficialista para asegurar la lealtad del voto petista o para integrar apoyos de otras fracciones que permitan llegar a los 85 votos necesarios sin depender exclusivamente de sus aliados naturales.
La resolución de este impasse definirá el futuro inmediato de la arquitectura electoral mexicana. Si la reforma logra superar el filtro senatorial, deberá pasar posteriormente a la aprobación de las legislaturas locales para convertirse en ley. Por el momento, la atención política se centra en las mesas de trabajo del Senado, donde cada voto cuenta y la posición final del PT podría inclinar la balanza hacia la aprobación de la visión presidencial o hacia el estancamiento de la agenda de cambios constitucionales.
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