Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- La Fiscalía Capitalina separó de sus cargos a tres funcionarios debido a omisiones y conductas de corrupción durante la investigación del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, joven de 21 años hallada muerta el 17 de abril en un edificio de la alcaldía Benito Juárez. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que entre los removidos se encuentra un ministerio público que no proporcionó información sobre el domicilio, un policía de investigación señalado por presuntamente solicitar dinero para acelerar la búsqueda y un segundo elemento del turno siguiente que no realizó la visita a la dirección indicada.
La fiscal Bertha Alcalde Luján reconoció una tardanza “injustificable” de 15 horas en la reacción de la institución desde que se contó con la última ubicación de la víctima en su celular, dato proporcionado por la familia. “Implicó una dilación de 15 horas desde que se contaba con ese dato específico, lo que no se justifica de ninguna manera y será sancionado”, afirmó la funcionaria. Alcalde Luján calificó como indignante que la familia haya señalado con precisión el paradero y no se haya actuado con la inmediatez requerida.
Los parientes reportaron a Edith Guadalupe como desaparecida el 15 de abril, tras perder contacto cuando se dirigía a una entrevista de trabajo. La familia acudió al Ministerio Público con la última ubicación compartida por la víctima y material de cámaras de seguridad obtenido mediante un investigador privado. Sin embargo, el personal de la Fiscalía de Desaparecidos les pidió esperar 72 horas para abrir la carpeta de investigación, un requisito contrario a la ley, además de la presunta solicitud de dinero para iniciar las indagatorias.
Las autoridades llegaron al edificio ubicado en Avenida Revolución 829 hasta las 20:30 horas del 16 de abril, pero no pudieron entrar de inmediato por falta de autorización de la administradora del complejo. El cuerpo fue encontrado finalmente en la madrugada del 17 de abril. Respecto a la causa de muerte, existen reportes que indican heridas en el tórax provocadas por un desarmador hallado en la caseta de vigilancia, mientras que otras valoraciones médicas preliminares sugieren que golpes muy fuertes podrían ser la causa del deceso, hipótesis que se confirmará con la necropsia.
La fiscal Alcalde advirtió que solicitar dinero a las víctimas es una conducta inaceptable y anunció que se investigará si los funcionarios obstaculizaron el caso. Asimismo, se indaga una posible obstrucción de la justicia por parte de la administradora y el vigilante del inmueble, quienes negaron que Edith hubiera ingresado y se negaron a facilitar el acceso a las cámaras; ambos ya se encuentran declarando sobre el feminicidio.
Clara Brugada aseguró que el caso no quedará impune. “Yo sé que ya hay tres personas que fueron retiradas de sus cargos y que está una investigación al respecto. No podemos permitir que haya funcionarios que actúen de esta manera”, dijo la mandataria local, quien añadió: “Sabemos que ya hay un detenido y que se están investigando todos los puntos”.
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