Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Vivienda con 354 votos a favor y 95 en contra, marcando un avance legislativo en materia de derechos habitacionales. Simultáneamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó sobre la destinación de recursos para fomentar la ciencia y la justicia, aunque surgieron discrepancias respecto a la cancelación de becas y el financiamiento de eventos sindicales en el mismo periodo presupuestal.
La aprobación de la iniciativa de vivienda se consolidó en la sesión plenaria del Congreso de la Unión, donde la oposición presentó modificaciones que fueron rechazadas en lo particular. El proyecto contempla el desarrollo de 2,490 casas bajo el programa Viviendas del Bienestar en San Pedro, buscando atender el déficit habitacional en un contexto donde más del 55% de la población ocupada en México labora en el sector informal.
En el ámbito judicial, la SCJN reportó que en 2024 donó 7 millones de pesos a la UNAM y 3.4 millones a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, acumulando un total de 32.5 millones de pesos en los últimos años para fortalecer la investigación y la impartición de justicia. Hugo Aguilar Ortiz, presidente del máximo tribunal, señaló que, pese a las reformas legales, aún no se ha alcanzado la equidad real entre hombres y mujeres en el país.
No obstante, datos internos revelan una contradicción en la gestión de recursos para 2025: mientras se cancelaron los donativos para becas de la UNAM y la asociación de impartidores por falta de presupuesto, el tribunal destinó 1.5 millones de pesos al Sindicato del Poder Judicial para la realización de eventos. Entre 2021 y 2024, la Corte había erogado 10.2 millones de pesos para fines similares, lo que ha generado cuestionamientos sobre las prioridades de gasto en el poder judicial.
La agenda de justicia con perspectiva de género también mostró avances en los estados. En Quintana Roo, 62 de los 117 cargos judiciales son actualmente ocupados por mujeres, reflejando un incremento en la participación femenina en el sistema de justicia local. Mónica Soto Fregoso, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), participó en los esfuerzos para consolidar estos cambios estructurales.
Paralelamente, surgieron tensiones ideológicas en la Ciudad de México. La Arquidiócesis de México emitió declaraciones respecto al debate sobre el día del niño por nacer, mientras que en la alcaldía La Magdalena Contreras, encabezada por Fernando Mercado Guaida, y en el Congreso local con la diputada Diana Sánchez Barrios, se discutieron modificaciones administrativas y legislativas que impactan la gestión urbana y social.
Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, y Tereso Medina, líder de la CTM, estuvieron involucrados en las discusiones relacionadas con la reforma habitacional y los derechos laborales. La dinámica política refleja una descentralización de las acciones, con movimientos simultáneos en el Congreso de Aguascalientes y la capital del país, evidenciando una actividad legislativa y judicial intensa en temas de vivienda, ciencia y equidad de género.
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