Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La crisis de desapariciones en México mostró esta semana sus facetas más crudas y contradictorias: mientras madres buscadoras reportaron el hallazgo de restos humanos calcinados y crematorios clandestinos en Tequila, Jalisco, y denunciaron saqueos a sus centros de defensa en Chiapas, el Gabinete de Seguridad federal aseguró que no existe delito en los reportes de personas no localizadas en Quintana Roo. En medio de este panorama, siete electricistas retenidos por grupos criminales en Matehuala, San Luis Potosí, fueron localizados con vida tras un operativo de 600 agentes.
En el cerro del Totole, en Tequila, Jalisco, el colectivo Buscando Corazones, coordinado por Ivonne Gutiérrez, denunció el descubrimiento de restos óseos calcinados y posibles indicios de disolución con ácido. Las buscadoras señalaron que las autoridades no han mantenido resguardado el sitio, lo que pone en riesgo la preservación de evidencias forenses. Este hallazgo se suma a la tensión creciente entre los colectivos y las instituciones, que han sido acusadas de omisión y negligencia en la protección de los lugares donde se encuentran restos humanos.
La situación se complica para los defensores de derechos humanos. El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, con sede en Tapachula, Chiapas, denunció un segundo allanamiento y robo en sus instalaciones ocurrido el 22 de marzo de 2026. La organización calificó el evento como un “riesgo inminente” y criticó la inacción de las autoridades para prevenir estos ataques, que buscan intimidar a quienes documentan y combaten la impunidad en la zona.
Por otro lado, la búsqueda independiente sigue arrojando resultados dolorosos. Ceci Flores, madre buscadora, aseguró a través de redes sociales haber encontrado los restos de su hijo en la carretera 26, kilómetro 46, en Hermosillo, Sonora. Aunque no se ha confirmado oficialmente la identidad mediante pruebas de ADN, su testimonio refleja la desesperación de miles de familias que han tenido que asumir el rol del Estado para encontrar a sus seres queridos.
En contraste con la gravedad de los hallazgos en Jalisco y Sonora, la respuesta oficial en Quintana Roo ha sido de minimización. El Gabinete de Seguridad afirmó que todas las personas reportadas como no localizadas entre el 6 y el 13 de marzo “se encuentran en sus hogares, sin que exista evidencia de la comisión de algún delito”, una declaración que contrasta con la percepción de crisis y los reportes periodísticos sobre la situación en la entidad, donde se atendieron 20 solicitudes de Alerta Amber.
Mientras tanto, en San Luis Potosí, la tensión tuvo un desenlace positivo pero alarmante. Siete electricistas que habían desaparecido en Matehuala fueron localizados con vida. Según testimonios recabados por medios, los trabajadores fueron interceptados por un grupo criminal con el fin de reclutarlos y permanecieron retenidos más de dos días. Su liberación requirió el despliegue de 600 agentes en la región, lo que subraya la capacidad de movilización del crimen organizado en la zona.
La impunidad y la falta de apoyo institucional también golpean a las familias de policías desaparecidos. Cristian Castro Cigala, representante legal del colectivo de Familias por Policías Municipales Desaparecidos de Torreón, Coahuila, informó que mantienen pláticas con el Ayuntamiento para lograr pensiones para los familiares, pero el municipio argumenta que “no hay una forma jurídicamente posible” para integrarlos al fondo de pensiones, dejando a las víctimas en un limbo económico y legal.
Estos eventos dispersos en múltiples estados —desde Yucatán, donde se registran 297 personas desaparecidas hasta finales de 2025, hasta la Ciudad de México— dibujan un país fragmentado donde la búsqueda de la verdad depende casi exclusivamente de la resistencia de los colectivos y familias, frente a un aparato estatal que oscila entre la negación, la omisión y la reactividad tardía.
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