La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, acusó al Senado de la República de encontrarse en “abierto incumplimiento” por no haber designado a dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
En un acuerdo emitido el 21 de mayo, Piña fijó un plazo de diez días hábiles para que el Senado informara si las comisiones de Justicia y de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana ya habían analizado las candidaturas para cubrir las vacantes dejadas por los comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña Llamas.
En el documento, Piña dejó constancia de que la Cámara de Senadores no ha cumplido con la resolución dictada, puesto que el plazo para realizar los nombramientos concluyó el 15 de diciembre de 2023. Este incumplimiento podría llevar a que se finquen responsabilidades constitucionales, según lo estipulado en el artículo 105 constitucional y los artículos 46 y 49 de la Ley Reglamentaria del precepto.
El 21 de febrero, Norma Piña rechazó ampliar el plazo para que el Senado designara a los dos comisionados del INAI, indicando que el Senado tenía hasta el 15 de diciembre de 2023 para realizar los nombramientos. Además, había fijado un plazo de diez días hábiles para que el Senado demostrara las acciones emprendidas para cumplir con esta obligación.
La presidenta de la SCJN también solicitó al Senado que informara sobre los actos generados para la designación y nombramiento de los comisionados, una solicitud que fue respondida por el Senado el 23 de mayo. En este oficio, el Senado informó sobre las gestiones que está realizando para cumplir con la sentencia del Máximo Tribunal.
Este desacato por parte del Senado de la República pone en evidencia la falta de cumplimiento de las resoluciones judiciales, lo que podría tener consecuencias legales. La ministra Piña ha subrayado la importancia de respetar los plazos y las decisiones judiciales para mantener la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones públicas.
Por Luis Martínez Alcántara.