Ciudad De México, 31 de mayo de 2026.- Un juez federal ordenó a las autoridades penitenciarias brindar atención médica inmediata a Héctor Palma Salazar, más conocido como ‘El Güero’ Palma, quien se encuentra interno en el Centro Federal de Reinserción Social Número 1 del Estado de México, popularmente llamado Penal del Altiplano.
La resolución fue emitida por el juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Daniel Marcelino Niño Jiménez, quien concedió una suspensión de oficio tras una demanda de amparo presentada por la defensa del narcotraficante. En el auto, se advierte que se compromete gravemente la dignidad e integridad personal del quejoso, quien afirmó haber sido “ignorado de manera dolosa en el área de salud” del lugar donde está privado de su libertad desde el 13 de abril.
De acuerdo con el escrito del juez, se ordena que “se otorgue al quejoso el servicio médico, tratamientos y medicamentos que necesite acorde con el estado e historial clínico que presente”. Palma Salazar, de 66 años, asegura encontrarse “muy grave de salud” y su defensa detalla que padece un “rosario de enfermedades” que incluyen varias hernias y un cáncer de piel.
Según el documento judicial, el interno fue diagnosticado con tres hernias discales en su columna que afectan el nervio ciático, lo cual le provoca “dolores muy fuertes por el simple hecho de respirar tanto en la espalda y en el pecho”, situación que le genera insomnio por las noches. Además, el capo indicó que requiere revisiones periódicas fuera del penal por su cáncer de piel, específicamente en el Hospital de Cancerología en la Ciudad de México, traslado que no ha podido realizar desde hace aproximadamente dos años.
Héctor Palma Salazar fue absuelto en mayo de 2023 del delito de delincuencia organizada; sin embargo, permanece en prisión bajo proceso penal por homicidio calificado ocurrido en el año 2000, relacionado con el asesinato de Pablo de Tavira, fundador del penal del Altiplano. Este no es el primer recurso legal del interno, pues en marzo de este año promovió otro amparo denunciando actos de incomunicación y tortura, cuya suspensión también fue concedida por un juez federal.
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