Ciudad De México, 07 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum redobló sus críticas al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual concluye que en México este delito se comete de manera sistemática y generalizada. La mandataria afirmó que “el Estado mexicano existe y no está rebasado” y negó que la crisis de desaparecidos pueda ser considerada un crimen de lesa humanidad, argumentando que esta definición es “otra cosa” establecida por la ONU que no se adapta a la situación del país.
El Comité emitió un pronunciamiento señalando que los más de 132 mil casos de desaparecidos “podrían constituir crímenes de lesa humanidad” y describió la situación como “una crisis estructural” donde la carga de la búsqueda recae en las familias y no en el Estado. El informe destaca una crisis forense con una estimación de 72,000 restos humanos sin identificar para inicios de 2026, cifra que ha crecido desde los 52,000 calculados en 2021. Además, se estima la existencia de más de 4,500 fosas clandestinas donde se han encontrado más de 6,200 cuerpos y 4,600 restos humanos.
En respuesta, el Gobierno de Sheinbaum realizó un cribado de la información que arroja que solo un tercio de los registros (43,128) correspondería a personas desaparecidas. Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, rectificó que “no se trata de un informe de la ONU, sino de un grupo de expertos que trabajan para ella” y aseguró que el análisis “se basa en datos de 2009 a 2017 y que se consideran únicamente datos de cuatro entidades federativas”. Alcalde explicó que de los 132,534 casos totales, 46,742 no están vinculados a una persona debido a registros incorrectos.
Sin embargo, el presidente del Comité, Juan Pablo Albán, señaló que su evaluación “no se limita a un periodo cerrado”, sino que integra información acumulada durante más de una década y examina “la evolución de la situación hasta la actualidad”. El organismo subrayó que incorpora datos recientes, destacando 28,880 desapariciones reportadas del 1 de enero de 2023 al 22 de abril de 2025, y documentó que el número de personas desaparecidas registradas ascendía a más de 132,400 al 19 de febrero de 2026.
Mientras la cancillería de México calificó el informe de “tendencioso” por no considerar las medidas implementadas en los últimos años, sectores políticos y sociales exigieron su atención. La diputada Laura Ballesteros exigió la renuncia de Rosario Piedra de la CNDH, acusándola de ejercer un papel protector del Estado, y anunció que buscará iniciar un proceso de juicio político en su contra. Por su parte, el diputado Elías Lixa acusó al gobierno federal de modificar la metodología para minimizar las desapariciones, afirmando: “No pueden esconder la realidad bajo un manto de mentiras”.
Activistas defendieron la relevancia del documento. Sara Hernández, integrante del Comité ¡Eureka!, afirmó que la decisión de la ONU de llevar el caso a la Asamblea General es “muy importante e histórico”, y sostuvo que rechazar la determinación implicaría “un retroceso lamentable”. La Barra Mexicana de Abogados exhortó al Gobierno de México a atender las recomendaciones del Comité y a no descalificar la decisión, haciendo un llamado a aceptar la ayuda internacional.
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