Ciudad De México, 09 de julio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) flexibilizar la reserva por cinco años sobre las peticiones de detención provisional con fines de extradición contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios y exfuncionarios de esa entidad. La cancillería aclaró en redes sociales que la información fue divulgada por instrucción de la Presidenta, pese a que Estados Unidos había solicitado mantenerla en confidencialidad.
La SRE reveló que el gobierno estadounidense pidió confidencialidad sobre las peticiones de detención contra Rocha Moya y los otros nueve señalados, entre quienes se encuentran el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Sin embargo, un día después de dicha solicitud, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York hizo públicos los cargos y los nombres de los acusados mediante un oficio fechado el 30 de abril. Ante esto, la SRE reclamó a la embajada estadounidense que esa difusión impedía a México “llevar a cabo las actuaciones necesarias para asegurar la confidencialidad solicitada” y advirtió que vulneraba el debido proceso de los acusados.
Los 10 señalados enfrentan acusaciones de conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, así como de posesión de ametralladoras. Por otro lado, surgieron contradicciones respecto a la captura de Ismael “El Mayo” Zambada. El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que tanto él como el entonces fiscal general estadounidense, Merrick Garland, informaron al Gobierno mexicano el 25 y 26 de julio de 2024 que la captura de Zambada y Joaquín Guzmán López no se trató de una operación de Estados Unidos.
Salazar sostuvo que la versión comunicada fue que la aeronave utilizada no pertenecía al Gobierno estadounidense, que el piloto tampoco era de ese país y que el operativo no fue realizado por autoridades de ese territorio. “La presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho una pregunta: ¿quién dijo la verdad? Permítanme responder claramente”, declaró el exembajador, quien añadió: “la verdad es la verdad, the truth is the truth”.
En contraste, la Fiscalía General de la República (FGR) señaló directamente como una “mentira” la versión de Ken Salazar sobre la no participación de EE.UU. en la captura. La titular de la FGR, Ernestina Godoy, recordó que el 9 de agosto de 2024 Salazar aseguró públicamente que el gobierno de Estados Unidos no participó en la operación, versión que la fiscalía sostiene es falsa. La FGR acusó al exembajador de mentir sobre la participación de agencias estadounidenses en el traslado de Zambada, lo que afirmó representa una violación grave a los deberes diplomáticos y al principio de buena fe entre ambos países.
Como parte de su postura, la FGR reveló que México tuvo detenido y posteriormente entregó a Estados Unidos a Mauro Alejandro, alias “El Jando”, identificado como piloto de confianza de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y señalado como quien llevó a Ismael Zambada a territorio estadounidense por órdenes de Joaquín Guzmán López. La dependencia informó que el piloto alcanzó un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 9 de abril de 2026. Asimismo, la FGR notificó que pidió la extradición de “El Mayo” Zambada, pero el Departamento de Justicia de Estados Unidos respondió que no podía atender la petición debido a que el capo sigue en proceso ante una corte de distrito de ese país.
En una carta, Ismael “El Mayo” Zambada asentó: “Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado”. En el mismo documento, el capo escribió: “Estaba enterado de una disputa en curso entre Rubén Rocha Moya, Gobernador del estado, y Héctor Melesio Cuén…”.
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