Ciudad De México, 14 de abril de 2026.- Los ejidos y comunidades de México representan el 50.7% del territorio nacional, agrupando a 3,266 núcleos agrarios, sin embargo, solo el 48% de ellos cuenta con sus órganos de representación actualizados.
De acuerdo con la información disponible, la falta de órganos de representación vigentes impide a los ejidos realizar trámites esenciales, solicitar apoyos a dependencias federales para la explotación de bosques, abrir cuentas bancarias o obtener su registro federal de contribuyentes.
Arturo García Jiménez, asesor de la Coordinadora Nacional de Ejidos y Comunidades, calificó la situación como “preocupante” y señaló que se “requieren un cambio de timón” para devolver la tierra a los despojados y establecer candados a los elementos jurídicos que facilitaron los hurtos.
En cuanto a la depuración de padrones, el Registro Agrario Nacional ha recibido 8,764 solicitudes, lo que representa el 27% del total de núcleos agrarios del país. De este universo, únicamente 1,589 se han actualizado, equivalente al 4.9%.
Además, solo el 25% de los ejidos ha elaborado o renovado su reglamento interno o estatuto comunal, y la mayoría de estos documentos presenta deficiencias. Por otro lado, el 64% de los ejidatarios sí cuenta con su lista de herederos actualizada.
Este escenario tiene sus raíces en la Ley Agraria promulgada en 1992 por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Dicha legislación permitió la privatización de la tierra mediante certificados de dominio pleno, facultando a los ejidatarios para vender o rentar sus tierras.
Bajo este marco legal, los ejidatarios pudieron rentar sus tierras a empresarios nacionales y extranjeros a través de concesiones mineras, explotaciones forestales, agricultura por contrato y mecanismos de captura de carbono.
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